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Factor de sostenibilidad de las pensiones
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Este trabajo analiza el impacto futuro de la aplicación del factor de sostenibilidad, introducido en la última reforma del sistema público de pensiones español. Este factor pretende regular la pensión inicial en función de la evolución de la esperanza de vida. Además, se examina lo que podría haber ocurrido en caso de una implementación más temprana del factor. Los resultados muestran que el factor produce una reducción progresiva de la pensión si la esperanza de vida sigue aumentando y el gasto en pensiones se ajusta a la evolución demográfica. En concreto, la pensión inicial podría reducirse hasta un 23% en 2051 si la tendencia demográfica no cambia.
En las últimas décadas, la población de los países occidentales ha experimentado grandes cambios demográficos, entre los que cabe destacar el aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población y el incremento de la tasa de dependencia. Estos cambios están planteando dudas sobre la viabilidad futura de los sistemas públicos de pensiones y, en consecuencia, muchos países occidentales -especialmente en Europa- han estado aplicando diferentes reformas en sus sistemas de pensiones.
Los principios de la inkomstpension y de la pensión de prima son sencillos. Una parte de sus ingresos anuales se reserva en dos cuentas diferentes. La pensión se calcula en función de la cantidad de dinero que tenga en su cuenta en el momento de solicitar la pensión, y de cuántos años más se espera que viva a partir de ese momento. El objetivo de esta sección es proporcionar a quienes lo deseen conocimientos algo más avanzados que estas premisas básicas elementales.
El sistema nacional de pensiones funciona de forma muy parecida al ahorro ordinario en el banco. La comparación se aplica a las dos partes del sistema relacionadas con los ingresos, la inkomstpension y la pensión de prima. Cada año, los asegurados, sus empleadores y, en algunos casos, el gobierno central, pagan las cotizaciones a la pensión. Las cotizaciones se ingresan en dos cuentas separadas, una para la inkomstpension y otra para la pensión de jubilación. Los ahorros crecen a lo largo de los años en función de las cotizaciones abonadas y del “tipo de interés” aplicable a cada cuenta. El extracto que se envía cada año en el Sobre Naranja permite a los asegurados ver la evolución de sus cuentas de inkomstpensión y de pensión superior de año en año. Cuando el asegurado se jubila, el flujo de pagos se invierte, y la inkomstpensión y la pensión por prima se desembolsan para el resto de la vida del asegurado.
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Basándose en el informe emitido por un Comité de Expertos, el Parlamento español aprobará una nueva ley que implementa un innovador factor de sostenibilidad en el sistema público de pensiones. Esta columna sostiene que la propuesta resuelve el problema de la sostenibilidad financiera a largo plazo, al tiempo que abre un debate más amplio sobre el sistema de pensiones y el crecimiento en condiciones de mayor competencia mundial.
Como en muchos otros países europeos, las tendencias a largo plazo del crecimiento de la población y la esperanza de vida en España hacen insostenible el actual sistema de pensiones de reparto. Un baby boom tardío y una reciente ola de inmigración ayudan a explicar por qué España ha pospuesto la aplicación de reformas ya introducidas en otros países europeos en la década de 1990 (véase, por ejemplo, el capítulo 1 de la OCDE 2012). Una profunda crisis económica ha revelado ahora lo dramático del escenario. Mientras que el número de pensionistas pasará de los nueve millones actuales a 15 millones en 2050, se prevé que la población en edad de trabajar se mantenga más o menos igual (Instituto Nacional de Estadística 2012). Una reforma en 2011 que introdujo cambios paramétricos y el compromiso de un factor de sostenibilidad para 2027 no ha sido suficiente (véase De la Fuente y Doménech 2013, y las referencias que contiene). La segunda recesión que siguió a la crisis de la deuda soberana puso de manifiesto que, como consecuencia del gran aumento de la tasa de paro (cercana al 27% en 2013), el déficit previsto de la Seguridad Social equivaldría al 1,5% del PIB, siendo un tercio de éste estructural.
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